La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es sin duda uno de los mayores desastres al que la humanidad se ha enfrentado en mucho tiempo. No obstante, si bien se trata de una crisis que principalmente incide en la esfera de la salud pública, otros sectores también se verán afectados, ya que la pandemia limitará las expectativas de desarrollo planteados por los países. En México, el gobierno federal ha implementado estrategias para hacer frente a la crisis económica que involucran fuertes recortes presupuestales a las dependencias federales, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el presente texto se analiza cómo el recorte presupuestal se suma al debilitamiento financiero y estructural que el Instituto arrastra al menos desde 2014, a través de una disminución sistemática de su capacidad financiera en términos reales. Eso, como consecuencia, genera una situación de vulnerabilidad institucional que afecta de forma grave al patrimonio cultural del país; en particular, frente a amenazas naturales con el potencial de presentar afectaciones en el patrimonio cultural, como es el caso de los sismos.

El manual busca subrayar la implantación práctica de la Convención de La Haya de 1954 y de su segundo protocolo, el cual permite a los Estados miembros, en cooperación con la Unesco, incorporar a sus directrices e instrucciones militares la protección de los bienes culturales. Con el fin de consolidar más eficientemente los objetivos de seguridad a largo plazo, sobre todo la cohesión social y la reconciliación

En este tercer número de la serie, los filósofos Helen Frowe y Derek Matravers plantean una pregunta clave: ¿cuál es la respuesta adecuada a los ataques al patrimonio cultural? Afirman que debemos considerar más cuidadosamente la moralidad del uso de fuerza militar letal para proteger el patrimonio cultural. Frowe y Matravers cuestionan el argumento principal de que existe una relación causal entre la destrucción del patrimonio cultural y el genocidio, y sostienen además que la defensa del patrimonio no debe ser tratada con el mismo peso o urgencia y, por lo tanto, no debe protegerse de acuerdo con las mismas políticas internacionales—que la defensa de vidas humanas. Al pedir una teoría ampliada, datos empíricos y la consideración de la moralidad en la elaboración de resoluciones internacionales, Frowe y Matravers presentan una crítica convincente y reflexiva que estimula el debate sobre este tema crítico.

En este segundo número, Edward C. Luck, Profesor Arnold A. Saltzman de Práctica Profesional y Director de la Especialización en Resolución de Conflictos Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SIPA) de la Universidad de Columbia, explora la importancia de la terminología, el marco y la contexto a la hora de desarrollar una política internacional para proteger el patrimonio cultural. Luck describe los cinco marcos conceptuales más comúnmente utilizados al definir este tipo de política: legal, rendición de cuentas, seguridad, contraterrorismo y prevención de atrocidades. Luego introduce el genocidio cultural como una lente adicional a través de la cual examinar la destrucción del patrimonio cultural.

Este documento trata de estimar la pérdida económica que supondría un daño total o parcial en conflicto armados a los Sitios Patrimonio de la Humanidad de los países árabes.

En este primer número, Thomas G. Weiss y Nina Connelly examinan la relación entre limpieza cultural y atrocidades masivas. Después de resumir los debates clave en torno a la destrucción del patrimonio cultural en zonas de conflicto armado, Weiss y Connelly presentan opciones para crear un marco internacional dedicado a su protección. Demuestran cómo la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) de la ONU, un marco preexistente que permite la intervención internacional para detener crímenes de guerra o genocidio, podría adaptarse para proteger los sitios del patrimonio cultural. Este documento presenta los diversos desafíos y cuestiones relacionados con la protección del patrimonio cultural y propone un camino a seguir en el desarrollo de una respuesta internacional unificada.

El 27 de marzo de 2014 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que afirmó la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. En este documento se establece que la Unesco debe seguir la evolución de la situación en Crimea en sus esferas de competencia mencionadas anteriormente para poder evaluar los problemas y las amenazas ante la creciente militarización de la península.

Dossier informativo para fomentar la adhesión a la Convención de la Haya (25pp)

Informe del CICR de la reunión de expertos realizada en Ginebra en 2002 (226pp)